Unanimidad para pedir a la Junta que ejecute en Cádiz un Pacto por el Empleo
Los tres partidos exigirán al Gobierno, la admistración autonómica y Zona Franca información de las subvenciones a Procosur.
El Pleno ya 'normalizado' aprobó por unanimidad varios puntos, entre ellos instar a la Junta de Andalucía a acordar y ejecutar un Pacto por el Empleo para la Ciudad de Cádiz, justamente el punto interrumpido por la bronca. También el Pleno sacó adelante de forma consensuada la propuesta del PP de solicitar a la misma administración autonómica que se ponga en práctica en la ciudad "de manera inmediata" el Plan de Garantía Alimentaria, por el que se da la posibilidad, entre otras prestaciones, de beneficiar a niños y niñas con tres comidas gratuitas, y crear un plan de pagos específicos para las escuelas infantiles y revisar los precios de las plazas conveniadas. De la misma manera, la única propuesta de la oposición apoyada por la mayoría absoluta del grupo popular fue en la que IU pedía al Pleno su solidaridad con los trabajadores de Procosur, exigiendo al Gobierno central, a la Junta de Andalucía y a la Zona Franca información sobre la justificación de las subvenciones o ayudas otorgadas a dicha empresa, que ha cerrado dejando en la calle a 120 trabajadores, representados ayer en el hemiciclo por un grupo que clamó, en el turno de preguntas, por su situación pidiendo aunar esfuerzos para que otra empresa se haga cargo de la actividad cesada.
Aprobada fue también la propuesta del PP para la modificación del estatuto de otorgamiento de una concesión a EMASA para la construcción y posterior explotación de un aparcamiento en el subsuelo de la carretera industrial y la autorización para el préstamo de esta obra. La oposición alegó la inviabilidad económica del proyecto, que dejaría a EMASA en una delicada situación económica, temiendo además la escasa utilización de este equipamiento. Aparcamientos sin coche como aeropuertos de Castellón sin aviones", expresó Martín Vila, portavoz de IU. Por su parte, Fran González habló de una infraestructura que no es "necesaria" según "la coyuntura económica de la ciudad y del Ayuntamiento". Ambos partidos apostaron por mejorar la movilidad potenciando el transporte público. José Blas Fernández, primer teniente de alcaldesa, defendió la operación ante el flujo de vehículos que propiciarán la alta velocidad, el segundo puente o la estación de autobuses.
La mayoría del PP tumbó propuestas socialistas como la de instar a la alcaldesa a poner en marcha "con carácter prioritario" la remodelación, urbanización y desarrollo del recinto exterior de la Zona Franca, preguntando el PSOE por los 600 millones de euros prometidos por el Ayuntamiento y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los 5.000 puestos de trabajos de los que habló Teófila Martínez en sus programas electorales de 2007 y 2001. Tampoco salió adelante la petición de que el equipo de gobierno destine parte de las 135 viviendas que se construirán en el antiguo solar de la Comandancia de la Guardia Civil a viviendas de alquiler social. Ni la referente a rescindir el contrato con Medios Acuáticos, adjudicataria del servicio de Salvamento y Socorrismo en las playas. El PP, a través de José Blas Fernández, justificó el proceder de esta empresa después de una gran polémica acaecida en verano, con críticas del sindicato Autonomía Obrera y los trabajadores por la precariedad del servicio. Precisamente fue un representante de los empleados, Carlos Antonio Calvo, quien en el turno de preguntas dijo al equipo de gobierno al finalizar el Pleno que desde el primer momento se produjeron "negligencias" que pusieron en peligro a los trabajadores y a los bañistas. Lamentó que el Ayuntamiento "encubriera" a Medios Acuáticos incluso contra las decisiones de los técnicos municipales de sancionarla y de la instancia de Capitanía Marítima de apartarla del servicio por sus supuestas irregularidades.
Aprobada fue también la propuesta del PP para la modificación del estatuto de otorgamiento de una concesión a EMASA para la construcción y posterior explotación de un aparcamiento en el subsuelo de la carretera industrial y la autorización para el préstamo de esta obra. La oposición alegó la inviabilidad económica del proyecto, que dejaría a EMASA en una delicada situación económica, temiendo además la escasa utilización de este equipamiento. Aparcamientos sin coche como aeropuertos de Castellón sin aviones", expresó Martín Vila, portavoz de IU. Por su parte, Fran González habló de una infraestructura que no es "necesaria" según "la coyuntura económica de la ciudad y del Ayuntamiento". Ambos partidos apostaron por mejorar la movilidad potenciando el transporte público. José Blas Fernández, primer teniente de alcaldesa, defendió la operación ante el flujo de vehículos que propiciarán la alta velocidad, el segundo puente o la estación de autobuses.
La mayoría del PP tumbó propuestas socialistas como la de instar a la alcaldesa a poner en marcha "con carácter prioritario" la remodelación, urbanización y desarrollo del recinto exterior de la Zona Franca, preguntando el PSOE por los 600 millones de euros prometidos por el Ayuntamiento y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los 5.000 puestos de trabajos de los que habló Teófila Martínez en sus programas electorales de 2007 y 2001. Tampoco salió adelante la petición de que el equipo de gobierno destine parte de las 135 viviendas que se construirán en el antiguo solar de la Comandancia de la Guardia Civil a viviendas de alquiler social. Ni la referente a rescindir el contrato con Medios Acuáticos, adjudicataria del servicio de Salvamento y Socorrismo en las playas. El PP, a través de José Blas Fernández, justificó el proceder de esta empresa después de una gran polémica acaecida en verano, con críticas del sindicato Autonomía Obrera y los trabajadores por la precariedad del servicio. Precisamente fue un representante de los empleados, Carlos Antonio Calvo, quien en el turno de preguntas dijo al equipo de gobierno al finalizar el Pleno que desde el primer momento se produjeron "negligencias" que pusieron en peligro a los trabajadores y a los bañistas. Lamentó que el Ayuntamiento "encubriera" a Medios Acuáticos incluso contra las decisiones de los técnicos municipales de sancionarla y de la instancia de Capitanía Marítima de apartarla del servicio por sus supuestas irregularidades.
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de Rivera, Alcalá
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